Apatridia en República Dominicana

Muy a menudo, los dominicanos de ascendencia haitiana no tienen acceso a la educación, la sanidad, el empleo, la justicia o a contraer matrimonio en el país al que pertenecen. A través de entrevistas, un documental e investigación legal, esta publicación describe la extremadamente difícil situación que vive esta comunidad minoritaria en el Caribe.

Los capítulos

Esta publicación describe la extremadamente difícil situación que vive esta comunidad minoritaria en el Caribe.

  • 01
    Situación Actual

    “Estaba viajando en una guagua cuando un oficial de migración detuvo la guagua, subió y gritó “todos los extranjeros enséñenme sus cédulas”. Nadie reaccionó. Inmediatamente después, el oficial de migración se dirigió…

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  • 02
    ‘Vidas En Tránsito’, el documental

    ‘Vidas en tránsito’ es un documental de 30 minutos que muestra el transcurso de la vida en República Dominicana después de la aprobación de una ley que ha despojado a 200.0000 personas de su identidad. Conviviremos durante un…

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  • 03
    Fotostoria

    Esta fotorreportaje expone las realidades de la vida de siete jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana que viven en la República Dominicana. Fotografías de Dominique Telemaque. Texto escrito por Paula Nieto. ELENA Inexistente por…

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  • 04
    El trabajo de MRG

    MRG empezó a trabajar en República Dominicana en 2010 implementando un proyecto cultural piloto con la comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana. En asociación con Movimiento de Mujeres Dominico­-Haitianas (MUDHA), se implementó un…

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  • 05
    Mapa mental

    El siguiente mapa conceptual muestra una descripción visual de la situación de apatridia en República Dominicana. Haga clic para ver y descargar un…

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  • 06
    El derecho a la nacionalidad en la ley internacional

    El derecho a la nacionalidad está garantizado por numerosos instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 15), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 7). y la Convención…

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  • 07
    Antecedentes históricos

    A pesar de que muchos dominicanos, dominicanos de ascendencia haitiana y haitianos coexisten pacíficamente desde hace décadas, los viejos temores -incluido el de una “invasión haitiana”- han aumentado en la República Dominicana….

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  • 08
    Entrevista a Violeta Bosico

    En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia del caso Yean y Bosico. República Dominicana fue declarada culpable de aplicar un trato discriminatorio al adjudicar la nacionalidad a dos niñas dominicanas de…

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  • 09
    Entrevista a Rosa Iris Diendomi

    Al menos 10 millones de personas en todo el mundo no tienen nacionalidad; la mayoría por causas ajenas a su propia cuenta. Este hecho, conocido como “apátrida”, puede suceder debido a la discriminación, al nuevo trazado de fronteras o a…

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  • “Estaba viajando en una guagua cuando un oficial de migración detuvo la guagua, subió y gritó “todos los extranjeros enséñenme sus cédulas”. Nadie reaccionó. Inmediatamente después, el oficial de migración se dirigió directamente a las persona de piel más oscura en la guagua y nos preguntó personalmente por nuestros documentos. Todos éramos dominicanos.”
    – Rosa Iris Diendomi, dominicana de ascendencia haitiana, abogada y miembro del movimiento social Reconocido.

    La discriminación es un problema que los dominicanos de ascendencia haitiana han afrontado durante décadas y generaciones en la República Dominicana. La mayoría de los miembros de esta comunidad han nacido en territorio dominicano en momentos en que la Constitución Dominicana establecía específicamente que los nacidos en territorio dominicano, a menos que en tránsito por un máximo de 10 días (Ley de Migración 95/39) o hijos de diplomáticos, tendrían la nacionalidad dominicana.

    Este problema se hizo más visible en la República Dominicana en 2004, cuando el Parlamento Dominicano aprobó la nueva Ley de Migración (285/04). Esto cambió el concepto de “en tránsito” haciéndolo ilimitado, y creó el comúnmente llamado “Libro de Extranjería” (Resolución 02/07). Este registro entró en vigor en 2007. Desde entonces, éste ha segregado a aquellos nacidos en territorio dominicano y de padres extranjeros, a pesar de que la Constitución todavía aceptaba la nacionalidad por jus soli. Aquellas personas registradas en el “Libro de Extranjería” no obtienen ningún documento de identidad y por lo tanto no pueden disfrutar de sus derechos fundamentales.

    La situación de apatridia que afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana se hizo más visible a nivel internacional con la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre 2013 (TC0168/13). Esta sentencia privó retroactivamente de la nacionalidad dominicana a centenares de miles de personas nacidas entre 1929 y 2010. Esto viola un derecho fundamental al que toda persona tiene derecho: el derecho a la nacionalidad. Esta sentencia es considerada inconstitucional por organizaciones de la sociedad civil local e internacional ya que viola, entre otros, el artículo 110 sobre la retroactividad de la ley y el artículo 18.2 sobre la nacionalidad dominicana de la Constitución Dominicana. También es contrario a la sentencia de 2005 publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual recibió el mandato por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de ayudar a los estados a prevenir y reducir la apatridia, también expresó su profunda preocupación por el impacto adverso de la sentencia sobre los afectados.

    Posteriormente, las autoridades dominicanas aprobaron la Ley de Naturalización (169/14) para afrontar la situación creada por la sentencia. La ley de naturalización dividió la comunidad en dos grupos.

    El primer grupo comprende a aquellos que ya estaban registrados en el Registro Civil Dominicano. Estos también son los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre 2013. De acuerdo con esta ley, la nacionalidad de este grupo debía ser restaurada de forma automática. Sin embargo, más de dos años después de la sentencia, muchas de las personas que perdieron su nacionalidad todavía no la han recuperado. La Junta Central Electoral ha estado y sigue auditando sus registros. Según las autoridades locales, hasta principios de Octubre de 2015, 55.000 personas habían sido identificadas como miembros de este primer grupo, aunque solo unos 10.000 documentos de identidad habían sido otorgados.

    Cuando son identificados, los datos de registro de estas personas son transcritos a nuevos libros, por lo tanto, esta comunidad está siendo segregada de la sociedad general dominicana. Este registro se está duplicando provocando que ambos registros sean sujetos a la nulidad de los mismos en un futuro. Finalmente, esas personas identificadas en las auditorías pero que todavía no han conseguido sus documentos no pueden disfrutar de sus derechos fundamentales y siguen en riesgo de apatridia hasta que sus documentos hayan sido otorgados.

    A pesar de que la Junta Central Electoral ha identificado a un número elevado de personas, todavía faltan nombres en estas listas. Entre otros, algunos activistas de derechos humanos que perdieron su nacionalidad en 2013 no aparecen en las listas publicadas por la Junta Central Electoral y que por lo tanto no pueden recuperar sus documentos de identidad.

    El segundo grupo creado por la Ley de Naturalización está formado por aquellas personas que nacieron en territorio dominicano pero que nunca se registraron en el Registro Civil Dominicano. Las personas bajo este grupo tuvieron que registrarse como extranjeras en un proceso complejo y burocrático para poder ser naturalizadas en un futuro. Los requisitos establecidos para este registro eran muy difíciles de conseguir para las personas afectadas. Los dominicanos de ascendencia haitiana tuvieron que presentar numerosos documentos, los cuales en algunos casos debían estar firmados ante notario. Esto incrementó los costes del proceso para una comunidad que prácticamente no tiene acceso al trabajo y que vive principalmente en zonas remotas. Además, inicialmente la ley estableció un plazo muy corto para el registro – 3 meses – el cual fue extendido a tres meses más. Este periodo se probó insuficiente, y los requisitos demasiado estrictos para que se registraran todas las personas afectadas. Esto resultó en solo 8.755 personas registradas dentro de las 53.000 a las que iba destinado (de acuerdo con el último censo implementado por autoridades), aunque algunas organizaciones de la sociedad civil reclaman que la comunidad afectada son unos 100.000. En cualquier caso e independientemente de los datos, todavía hay un número muy alto de personas apátridas.

    Es importante diferenciar entre esas personas que se trasladaron a República Dominicana y las que nacieron en este país. Los dominicanos de ascendencia haitiana siguen luchando para ser reconocidos como dominicanos. Estos son niños, mujeres, hombres y personas mayores que están en riesgo de ser detenidos arbitrariamente, e incluso expulsados de su propio país, porque son apátridas. Esto ha sido reportado constantemente por organizaciones internacionales además de Minority Rights Group International (MRG), como el ACNUR, la Red Europea de Apatridia, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

    La comunidad internacional también ha destacado el problema de apatridia que afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado varias sentencias sobre el derecho a la nacionalidad contra el gobierno de República Dominicana. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, del caso Yean and Bosico v. República Dominicana en 2005, o el más reciente caso Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas v. República Dominicana en 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha visitado el país y ha organizado sesiones específicas sobre esta temática.

    A nivel de Naciones Unidas (ONU), el Experto Independiente sobre Asuntos de las Minorías y el Relator Especial sobre Racismo concluyeron en 2007, al final de una visita conjunta a República Dominicana, que hay en el país “un profundo y arraigado problema de racismo y discriminación” que afecta a la población de ascendencia haitiana. Esta lucha fue uno de los temas más tratados en el Examen Periódico Universal de República Dominicana en febrero de 2014. Y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por vez primera, mencionó a República Dominicana en su discurso de apertura de la 30va sesión del Consejo de Derechos Humanos. El Alto Comisionado instó a las autoridades dominicanas a ‘asegurar que todos aquellos con un reclamo válido para permanecer se les permita hacerlo’.

  • ‘Vidas en tránsito’ es un documental de 30 minutos que muestra el transcurso de la vida en República Dominicana después de la aprobación de una ley que ha despojado a 200.0000 personas de su identidad.

    Conviviremos durante un año con Rosa Iris, una joven y entusiasta abogada, mientras lucha por los derechos de su comunidad.

    Una gran amenaza se cierne ante ella y muchas otras personas en su situación. Ya no tienen derecho a llamar hogar la tierra que los vio nacer. Sus documentos son confiscados, pueden detenerlos por no contar con pruebas de identidad y se enfrentan al riesgo de ser deportados.

    A pesar de haber nacido y vivido toda la vida en República Dominicana, las personas dominicanas de ascendencia haitiana se enfrentan diariamente a discriminaciones, en ocasiones incluso violencia. En parte porque sus padres o abuelos nacieron en el vecino Haití, pero principalmente por el color de su piel.

    Esta es una historia de migración y nacionalidad, rechazo y pertenencia, que resuena en todo el mundo. Nunca como hoy habían sido tan relevantes los conceptos de identidad e integración, en un momento en el que nos enfrentamos a una crisis global en torno a quién puede vivir dónde, cómo se configuran las comunidades y, en última instancia, quiénes somos.

    Futuras proyecciones

    31 Marzo – Londres (Reino Unido) en Rich Mix

    5 Abril – Madrid (España) en Matadero

    De mayo a septiembre – Barcelona (España) en el Caixa Forum Barcelona

    Si está interesado en obtener los derechos para proyectar esta película por favor póngase en contacto con Laura Quintana a través de [email protected]

     

     

    Esta película se hizo en colaboración con la organización no gubernamental dominicana Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y con la productora The Playroom.

    Esta película ha sido producida con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Minority Rights Group International y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

  • Esta fotorreportaje expone las realidades de la vida de siete jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana que viven en la República Dominicana. Fotografías de Dominique Telemaque. Texto escrito por Paula Nieto.

    ELENA

    Inexistente por generaciones

    ‘Yo soy Dominicana y quiero tener mis documentos’, dice Elena.

    Nacida en República Dominicana de padres haitianos hace 26 años, Elena no puede trabajar ni estudiar. Su caso es difícil. Oficialmente, su familia no ha existido durante generaciones. Su padre, nacido en Haití, migró a República Dominicana en 1960 y trabajó en este país hasta su muerte.

    Elena tiene una partida de nacimiento del hospital Ramón Santana, en San Pedro de Macorís. Sin embargo, no es suficiente para inscribirse en el registro civil. Primero su madre tiene que registrarse. Para iniciar el proceso, pagaron 1,000 pesos dominicanos (20 dolares) con el fin de conseguir una copia del acta de nacimiento de su madre en Haití. Tras este trámite les pidieron más documentos que les resultaban muy difíciles de obtener. Su madre ha tirado la toalla. Está cansada de luchar durante tanto tiempo y ser maltratada por los funcionarios dominicanos.

    Ninguno de los 6 hermanos de Elena logró inscribirse en el Plan de Naturalización. Tampoco se pudo registrar su hijo. Un eslabón más en la cadena de generaciones inexistentes para el Gobierno Dominicano. Elena se siente incapaz de salir a la calle por miedo a ser deportada a Haití. mposibilitada para continuar con su vida. ‘Yo soy Dominicana y quiero tener mis documentos’, dice Elena.

    ESTEFANY

    La trampa de la Ley 169/14

     

    Cuando Estefany tenía 18 años pidió su documentación para poder estudiar educación en la universidad. Desde entonces, ha estado implicada en un lento proceso de idas y venidas a las oficinas de la Junta Central Electoral para conseguir ser reconocida como dominicana.

    Cuando Estefany tenía 18 años pidió su documentación para poder estudiar educación en la universidad. Desde entonces, ha estado implicada en un lento proceso de idas y venidas a las oficinas de la Junta Central Electoral para conseguir ser reconocida como dominicana. Durante el proceso, y ante la imposibilidad de matricularse en la universidad, ha realizado cursos de derechos humanos, documentación, salud e informática. Además de acompañar a otros miembros de la comunidad que estaban en una situación similar a la suya.

    Tres semanas después de la aprobación de la Ley de Naturalización 169/14, Estefany obtuvo su cédula de identidad. Eso le provocó una mezcla de sentimientos. Alegría por tener por fin sus documentos, tristeza por la injusticia que su gente todavía sufría, miedo por las posibles detenciones arbitrarias y deportaciones, y nervios por la incertidumbre de su futuro más inmediato. Al ver los problemas que su comunidad todavía sufría a pesar de la pequeña mejora de la situación, Estefany decidió comenzar a estudiar derecho. Ahora ella quiere apoyar a otras personas dominicanas de ascendencia haitiana que han sido desnacionalizadas y que continúan viendo sus derechos vulnerados.

    FRANKLYN

    ‘Vuelva usted mañana’

    Cada 15 o 20 días tiene que ir a una oficialía para arreglar algún documento y conseguir su registro. ‘Vuelva usted mañana’, es la frase qué Franklin ha oído más en los últimos meses.

    A Franklyn, 26, le gustaría trabajar en hostelería y estudiar turismo. Sin embargo, lleva desde que tenía 19 años esperando el papel que acredite que se encuentra en situación regular en el país donde nació. Terminó el bachiller en 2011. Desde entonces espera y desespera. Cada 15 o 20 días tiene que ir a una oficialía para arreglar algún documento y conseguir su registro. ‘Vuelva usted mañana’, es la frase qué Franklin ha oído más en los últimos meses.

    Sin cédula de identidad, Franklyn no puede estudiar, trabajar o hacer planes de futuro. Para él, no tener documentación significa cargar a su madre con más trabajo y responsabilidad, hacerla trabajar a ella para mantenerle a él, lo que le frustra y entristece. A pesar de todo, Franklyn no ha parado de luchar. Lleva ya dos años estudiando inglés y sueña con ser padre “antes de que sea demasiado mayor”, y en visitar Canadá, donde se encuentra su hermano mayor.

    Franklyn es uno de los afectados por el “Libro de Extranjería”, uno de los miles a los que sus vidas se han puesto en pausa por este proceso lento, costoso y burocrático.

    NOTA: Una semana después de realizar esta entrevista, Franklyn obtuvo su cédula de identidad tras un largo viaje a Bahoruco, al sur del país. Ahora planea irse a Bávaro o Punta Cana para trabajar en hostelería. Sus ojos brillan, bien grandes, mientras sostiene la reluciente tarjeta de identidad. Finalmente alivio después de tantos años de angustia y desesperación.

    Glenol y Mélida

    Deportaciones arbitrarias

    ‘Me tratan diferente porque juzgan a la gente por su color’, dice Glenol.

    A pesar de tener documentos, los dominicanos de ascendencia haitiana siguen en riesgo de ser deportados a Haití. Glenol y Mélida, 23, solo disponen de su acta de nacimiento, que guardan con firmeza como prueba de su pertenencia al país donde nacieron, República Dominicana. Sin embargo, no disponen de nacionalidad porque sus registros están en proceso de transcripción.

    Glenol estuvo muy cerca de ser deportado hace tan solo unas semanas. Se encontraba trabajando, regando tierra y sembrando grama cuando apareció una furgoneta de migración del Gobierno. Le pidieron sus papeles, y él enseñó su acta de nacimiento y el carnet de estudiante de la escuela donde estudió. Le dijeron que no habría problema pero que tenían que comprobar si esos documentos eran suyos. Fue transportado hasta mitad de camino de la frontera con Haití ­ un país que no ha visitado nunca ­ antes de ser liberado. Otras personas de la misma guagua no tuvieron la misma suerte. La experiencia ha dejado a Glenol con miedo y ahora es más consciente de la discriminación que sufre. ‘Me tratan diferente porque juzgan a la gente por su color’, dice Glenol.

    Higna

    Un castigo por ser hija de extranjeros

    ‘En este país no existes si no tienes cédula’, dice Higna.

    Higna terminó el colegio a los 16 años soñando con estudiar matemáticas en la universidad. Sin embargo, su vida se congeló cuando solicitó su documentación y le dijeron que no podía recibirla porque es “hija de extranjeros”. La única solución era reunir un sinfín de documentos ­ un proceso costoso y largo que muchos miembros de la comunidad no pueden afrontar.

    El tiempo pasó e Higna seguía sin poder ver realizadas sus ilusiones y objetivos. Cuando finalmente reunió todos los documentos, los llevó a la Junta Central Electoral. Dos meses más tarde, en la siguiente cita, le comunicaron que sus documentos se habían perdido y que debía volver a iniciar el proceso. Durante ese tiempo, también perdió una beca de estudios por carecer de documentación.

    Tardó un año más de trámites antes de obtener su cédula. Después de mucho tiempo en un limbo, Higna se sintió aliviada. “Me había sentido congelada, como si no existiera, y el documento me devolvió a la vida”. Por fin, podrá estudiar contabilidad o matemáticas en la universidad. Sin embargo, nadie le devolverá los años de espera. “En este país no existes si no tienes cédula”, dice Higna.

    Nelson

    La espera eterna

    Ahora Nelson ha iniciado un proceso de nacionalización, pero hace cuatro meses que su acta de nacimiento tiene un gran sello rojo que reza “CANCELADO”.

    Nelson, 26, nació en territorio dominicano. Sus padres, de origen haitiano, le registraron gracias a su ficha de identificación como trabajadores de la caña. Ahora Nelson ha iniciado un proceso de nacionalización, pero hace cuatro meses que su acta de nacimiento tiene un gran sello rojo que reza “CANCELADO”. La última vez que acudió a la Junta Central Electoral, viajando más de dos hora desde San Pedro de Marcorís hasta Santo Domingo, le dijeron que la persona que atendía su caso no se encontraba en la Junta en ese momento, y que volviese otro día.

    Mientras tanto, y anhelando un trabajo estable y un sueldo digno, realiza pequeños trabajos. Siente que lo intenta. Nelson no entiende qué pasa con sus documentos, ni tampoco por qué las autoridades le rechazan.

  • MRG empezó a trabajar en República Dominicana en 2010 implementando un proyecto cultural piloto con la comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana. En asociación con Movimiento de Mujeres Dominico­-Haitianas (MUDHA), se implementó un proyecto de teatro de calle. Un grupo de actores profesionales junto con actores amateurs fueron seleccionados y formados para crear una obra de teatro sobre el racismo que había en la sociedad dominicana. Todo el proceso fue filmado y el resultado es un documental llamado ‘Di mi nombre‘.

    En 2013, MRG y MUDHA empezaron un proyecto de tres años en el cual se usan el teatro de calle y las consultas comunitarias para incrementar la participación de los dominicanos de ascendencia haitiana en la vida pública y el acceso a los servicios básicos, como la sanidad o la educación. Este proyecto empodera a los dominicanos de ascendencia haitiana a defender sus derechos, además de afrontar la discriminación ejercida por la sociedad dominicana en general. En paralelo, MRG y MUDHA han liderado acciones de abogacía internacional en el Reino Unido y a nivel de Naciones Unidas, presentando un informe sobre el derecho a la nacionalidad en el Examen Periódico Universal de República Dominicana junto a la coalición dominicana CDERNA, y organizando eventos paralelos al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.

  • El siguiente mapa conceptual muestra una descripción visual de la situación de apatridia en República Dominicana.
    Haga clic para ver y descargar un PDF.

     

  • El derecho a la nacionalidad está garantizado por numerosos instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 15), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 7). y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 20). A pesar de que los estados pueden regular la adquisicion y retencion de la nacionalidad, estos mismos deben respetar las normas fundamentales de los derechos humanos al hacerlo. En el caso de la República Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas v. República Dominicana, explicó que, al regular el otorgamiento de la nacionalidad, los estados deben evitar dejar a las personas apátridas, y no deben discriminar al garantizar el derecho a la nacionalidad.

    Obligación de evitar la apatridia

    La Convención sobre el Estatuto de las Personas Apátridas de 1954 (Artículo 1(1)) define a una persona apátrida como alguien que no es considerado como nacional por ningun Estado, conforme a su legislación. Ambas, la Convención para la Reducción de la Apatridia de 1961 (Artículo 1 (1)) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Artículo 20(2)) requieren a los estados garantizar la nacionalidad a aquellas personas nacidas en su territorio que de otra forma quedaran apátridas. La Convención para la Reducción de la Apatridia de 1961 (Artículo 8 (1)) va más allá y prohíbe a los estados privar de la nacionalidad a la población si esta privación les puede dejar apátridas. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yean y Bosico v. República Dominicana, los estados tienen la obligación de no adoptar prácticas o leyes relacionadas con el derechos a la nacionalidad si su aplicación fomenta el incremento en el número de personas apátridas. Además, en el caso Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas v. República Dominicana (para/ 261), la Corte explicó que, cuando un estado no pueda estar seguro de que un niño nacido en su territorio puede obtener la nacionalidad de otro estado, ya sea por razones legales o debido a obstáculos prácticos, éste debe garantizarle la nacionalidad para evitar la apatridia al momento del nacimiento.

    Prohibición de la discriminación al acceso a la nacionalidad

    Los estados no pueden privar a las personas de su nacionalidad por motivos discriminatorios. Esta prohibición está incluida en la Convención para la Reducción de la Apatridia de 1961 (Artículo 9) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículos 20(1) y 24). La Convención Interamericana de Derechos Humanos (Artículo 20(3)) prohíbe cualquier privación arbitraria de la nacionalidad. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yean y Bosico v. República Dominicanaestas normas internacionales prohíben al estado, el cual otorga la nacionalidad a todos los nacidos en el territorio, privar a una persona del derecho a la nacionalidad basándose en el estatus migratorio de sus padres.

    Acontecimientos recientes en República Dominicana

    El 23 de septiembre de 2013, en la sentencia TC0168/13, el Tribunal Constitucional de República Dominicana privó de su nacionalidad de manera retroactiva a mas de 200.000 personas de ascendencia haitiana de su nacionalidad dominicana. De conformidad con la Corte Interamericana en los casos Yean y Bosico v. República Dominicana y en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas v. República Dominicanaal dirigirse a las personas de ascendencia haitiana, haciendo que el estatus migratorio de los padres sea una condición para la nacionalidad, y privando a las personas de su nacionalidad de manera retroactiva, la sentencia violó la prohibición de discriminación en el acceso a la nacionalidad y de la privación arbitraria de la nacionalidad. Además, la sentencia implicaba un riesgo de apatridia a centenares de miles de personas, ya que República Dominicana no ha probado que aquellos afectados puedan obtener la nacionalidad haitiana. Esto es contrario al objeto y propósito de la Convención para la Reducción de la Apatridia de 1961, del cual la República Dominicana es signataria.

    En 2014, el gobierno de la República Dominicana aprobó la ley 169/14, la cual pretende ofrecer un camino hacia la ‘naturalización’ para aquellos afectados por la sentencia TC0168/13. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas v. República Dominicana, al tratar como extranjeros a personas que tenían el derecho a la nacionalidad dominicana desde su nacimiento, la ley sigue violando el derecho a la nacionalidad y el derecho a la igual protección de la ley.

    Este texto ha sido escrito por:

     

     

     

     

     

    Cronología

    1920

    Durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, los haitianos empezaron a migrar a este país para trabajar como braceros cortando caña para empresas públicas y/o privadas. Inicialmente, se suponía que iba a ser un acuerdo temporal pero con el tiempo los haitianos fueron estableciéndose en barriadas, comúnmente llamadas “bateyes”, al lado de las plantaciones de azúcar.

    1937

    Entre 15.000 y 30.000 haitianos fueron asesinados en la conocida como “Masacre de Perejil” durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Los cuerpos fueron tirados al río Dajabón, que hace frontera entre ambas partes de la isla Española.

    April 1939

    La Ley de Migración 95/39 fue aprobada. Su reglamento limitó el periodo en el que una persona podía estar “en tránsito” en el país a un máximo de 10 días (cualquier persona que hubiera estado menos de 10 días en la República Dominicana podría haber sido considerada “en tránsito”).

    1960

    La Constitución Dominicana permitió que la nacionalidad se pase por jus soli con dos excepciones: a) personas en tránsito, b) hijos legítimos de diplomados.

    Agosto de 2004

    La nueva Ley de Migración 285/04 consideró los trabajadores extranjeros temporales y los migrantes indocumentados como extranjeros “en tránsito”, impidiendo que sus hijos obtuvieran la nacionalidad dominicana. También creó u registro separado para los hijos nacidos en República Dominicana de madres extranjeras que no tuvieran un estatus migratorio regular (artículo 28).

    Septiembre de 2005

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia del caso Yean y Bosico v. República Dominicana, encontrando que la República Dominicana había aplicado un trato discriminatorio al otorgar la nacionalidad y dejado a las dos niñas apartidas, violando asi, entre otros, sus derechos a la nacionalidad y a la igual protección de la ley.

    Marzo de 2007

    La Junta Central Electoral dejó de emitir certificados de nacimiento y copias del mismo documento a los dominicanos nacidos en territorio dominicano pero de padres extranjeros (Circular 017/2007).

    Abril de 2007

    La Junta Central Electoral estableció un nuevo registro descrito en la Ley de Migración 285/04, el comúnmente llamado “Libro de Extranjería”, en la Resolución 02/07. Octubre 2007

    Octubre de 2007

    El Relator Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia y el Experto Independiente en Asuntos de Minorías de Naciones Unidas visitaron la República Dominicana.

    Diciembre de 2008

    La Junta Central Electoral aprobó la Resolución 12, la cual reforzó los procedimientos internos establecidos en Marzo 2007.

    Marzo de 2008

    El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y el Experto Independiente en asuntos de Minorías de Naciones Unidas publicaron el informe sobre su visita junta a la República Dominicana. Ellos concluyeron: ‘hay un profundo y arraigado problema de racismo y discriminación en la sociedad dominicana, generalmente afectando a los negros y particularmente a los grupos de negros dominicanos, dominicanos de ascendencia haitiana y los haitianos’.

    Enero de 2010

    Una nueva Constitución fue aprobada en la República Dominicana. Por primera vez en el país, la Constitución niega la adquisición automática de la nacionalidad dominicana a los hijos de migrantes irregulares.

    Noviembre de 2010

    El Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó que la República Dominicana:

    “adopte las disposiciones necesarias para impedir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que causan o perpetúan la discriminación formal o de facto contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Insta al Estado parte a que asegure el registro de nacimientos de los niños de esos grupos y les garantice sus derechos económicos, sociales y culturales. Exhorta al Estado parte a que reconsidere las reglamentaciones relativas a la ciudadanía de los niños haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en particular, garantizando el acceso no discriminatorio a la nacionalidad dominicana independientemente de la fecha de nacimiento’.

    Octubre de 2011

    La Junta Central Electoral empezó de nuevo a emitir certificados de nacimiento y sus copias (Circular 32/2011).

    Septiembre de 2013

    El Constitucional Tribunal publicó la sentencia TC0168/13, la cual privó retroactivamente a centenares de miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su derecho a la nacionalidad (desde 1929 a 2010), dejandoles apátridas.

    Octubre de 2013

    ACNUR reaccionó oficialmente a la sentencia del Tribunal Constitucional:

    ‘ACNUR manifiesta su profunda preocupación por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que podría dejar apátridas a incontables personas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, muchos de los cuales han vivido en la República Dominicana desde hace décadas. Debido a su efecto retroactivo, esta decisión tiene el potencial de afectar a decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana ‘.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación sobre la sentencia del Tribunal Constitucional TC0168/13:

    “Esta sentencia modifica retroactivamente la normativa vigente en el país desde 1929 hasta 2010, lo cual despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana. En un gran número de casos, estas personas podrían quedar en situación de apatridia, lo cual es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, esta sentencia tiene un efecto desproporcionado sobre las personas de ascendencia haitiana’.

    Diciembre de 2013

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la República Dominicana. Concluye que:

    ‘La Sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La Sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.’

    Febrero de 2014

    Por lo menos 29 estados recomendaron a República Dominicana segurar los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana en el Examen Periódico Universal del país.

    Mayo de 2014

    El gobierno dominicano aprobó la ley 169/14, un “régimen especial para las personas nacidas en el territorio dominicano inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización”, como una via para solucionar la crisis creada por la sentencia del Tribunal Constitucional de Septiembre 2013. Esta ley se conoce con el nombre de ‘ley de naturalización’.

    Agosto de 2014

    La ley 169/14 entró en vigor. Su reglamento dividió a la comunidad en dos grupos. Grupo A lo forman aquellos que estuvieron registrados y por lo tanto afectados por la sentencia: para este grupo, la ley determinó que se les debía restaurar su nacionalidad de forma automática. El Grupo B está formado por aquellos que nunca estuvieron registrados en el Registro Civil dominicano: para este grupo la ley detalló un proceso de registro que debía cumplirse en 90 días.

    Octubre de 2014

    El gobierno extendió el tiempo de registro para el Grupo B a otros 90 días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia de personas dominicanas y haitianas expulsadas v. República Dominicana. Éste encontró que la sentencia TC0168/13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana fue discriminatoria y violó la Convención Americana de Derechos Humanos.

    Noviembre de 2014

    El Tribunal Constitucional dominicano publicó la sentencia TC0256/14 que declara inválida la aceptación del estado de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    Febrero de 2015

    El 2 de febrero terminó el proceso de registro para el grupo B de la Ley de Naturalización 169/14, con un número total de 8.755 personas registradas de las 53.000 a los que iba destinado, de acuerdo con los datos facilitados por autoridades dominicanas.

    Octubre de 2015

    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, por primera vez mencionó a República Dominicana en su discurso de apertura de la 30va sesión del Consejo de Derechos Humanos:

    ‘Mi oficina también continúa haciendo un seguimiento de las deportaciones de personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Yo sigo instando a las autoridades a asegurar que aquellos con una reclamación válida a quedarse se les sea permitido su estancia, y que cualquier deportación se haga de acuerdo con los estandares de los derecho humanos internacionales’.

    Noviembre de 2015

    ACNUR publicó un informe sobre apatridia para celebrar el primer aniversario de la campaña #IBelong. Este incluyó a la República Dominicana como uno de los países con el mayor número de apátridas en el mundo.

    2016

    La Comisión Inter-Americana de derechos humanos publica un informe sobre la situación de derechos humanos en la República Dominicana. El Relator sobre los Derechos de los Migrantes, bajo cuyo mandato se incluyen los derechos de las personas apátridas, Comisionado Enrique Gil Botero, señaló:

    ‘La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América.’

    Ref: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/010.asp

  • A pesar de que muchos dominicanos, dominicanos de ascendencia haitiana y haitianos coexisten pacíficamente desde hace décadas, los viejos temores -incluido el de una “invasión haitiana”- han aumentado en la República Dominicana. Esto ha provocado la discriminación de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.

    La República Dominicana está situada en el Caribe entre Cuba y Puerto Rico. Ésta comparte la isla Española con Haití. La migración en la isla ha sido un problema continuo durante siglos, ya que la isla no solo fue invadida por varios países (España y Francia) sino tambien por varias comunidades que se asentaron en ambos lados de la isla (libaneses, cocolos y chinos, entre otros). La comunidad indígena de los Taínos pronto desapareció.

    Desde los años 1920 en adelante, migrantes haitianos se trasladaron a República Dominicana durante ciertas temporadas del año para trabajar como braceros cortando caña de azúcar para empresas públicas y/o privadas. Estos migrantes haitianos eran principalmente hombre jóvenes o de mediana edad. Con el tiempo, fueron estableciéndose en barriadas, comúnmente llamadas ‘bateyes‘, junto a las plantaciones, trayendo a sus familias haitianas o casándose y teniendo hijos con mujeres dominicanas. Este grupo se integró a una sociedad dominicana y pasó a convertirse en el grupo minoritario más numeroso de República Dominicana.

    La comunidad haitiana en República Dominicana fue una importante fuerza de trabajo barato desde los años 20, pero la migración continuó incluso después de que la industria azucarera dominicana comenzara a disminuir después de los años 80. Los migrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana siguieron desempeñando un papel crucial para la economía dominicana principalmente en agricultura, turismo y construcción.

    En enero de 2010, el lado haitiano de la isla Española sufrió uno de los peores terremotos que el mundo ha presenciado. La sociedad dominicana y el gobierno mostraron su solidaridad abriendo las fronteras para ayudar a las personas afectadas, y empezando a invertir en Haití. Sin embargo, a pesar de que muchos dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana y haitianos convivieron en paz durante décadas, los antiguos miedos – incluyendo una ‘invasión haitiana’ – incrementaron en República Dominicana. Esto ha provocado la discriminación de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Esta discriminación se desarrolla en base al color de piel, en los nombres que suenan haitianos, o las condiciones de vida que les impiden acceder a servicios básicos como educación, sanidad, trabajo, transporte o justicia, además de imposibilitarles casarse o registrar a sus hijos. Sin embargo, esta discriminación no es reciente. En 1937 entre 15.000 y 30.000 personas fueron asesinadas durante el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo en la “Masacre de Perejil” al lado del río Dajabón. Oficiales del régimen preguntaban a los migrantes haitianos pronunciar la palabra española ‘Perejil‘. Aquellos que no podían pronunciar esta palabra de la misma manera que lo hacían los hispanohablantes debido a su acento francés fueron asesinados.

  • En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia del caso Yean y Bosico. República Dominicana fue declarada culpable de aplicar un trato discriminatorio al adjudicar la nacionalidad a dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana. Al hacerlo las dejó apátridas violando así varios derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la nacionalidad o a la igualdad ante la ley. La Corte requirió al Estado dominicano la adopción de medidas para solucionar la situación de estas dos niñas y la de los demás niños dominicanos de ascendencia haitiana afectados por esta misma situación. Además, de garantizar el acceso gratuito a la educación primaria.

    Diez años después Violeta Bosico, una de las niñas a las que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere, ha podido obtener sus documentos y ha podido cumplir con algunos de sus sueños. Sin embargo, anhela una solución al problema de toda la comunidad de dominicanos de ascendencia haitiana.

    Pregunta. ¿Qué significaba para ti no tener documentos?

    Respuesta. No tener documentos significaba para mí no ser libre. Yo sentía que sin documentos no existía. Además, para mí era un verdadero obstáculo. No podía hacer muchas cosas, entre ellas no podía estudiar, trabajar, tener seguro médico o caminar libremente.

    P. ¿Qué significaba para tu familia no poder registrarte?

    R. Para ellos significaba dolor e impotencia ya que las autoridades me estaban negando algo a lo que yo tenía derecho.

    P. ¿Cómo te sentiste cuando el tribunal dijo que ganásteis el juicio?

    R. Me sentí muy bien. Agradecida con Dios, con MUDHA, con las organizaciones internacionales que me apoyaron y sobre todo con mi familia. Si no fuera por su esfuerzo no sería posible el logro de haber ganado el juicio. Finalmente soy alguien gracias a ellos y a Dios. Al recibir mis documentos sentí alegría, me sentí emocionada ya que realmente tenía ya en mi mano lo que sí me pertenecía. Me sentí feliz. Muy feliz. De verdad no sé cómo agradecerle a Dios y a las instituciones el apoyo que siempre mostraron. A MUDHA y a todos. De todo corazón.

    P. ¿Cómo fue la reacción en las calles de República Dominicana?

    R. Aquí todos hablaban del caso. Algunos a favor, algunos en contra. Tuvo un gran impacto para la República Dominicana. Gracias a Dios no hubo violencia física pero sí ataques verbales. Algunas personas que estaban contra la sentencia dijeron que mi comunidad, los dominicanos de ascendencia haitiana, éramos haitianos y que deberíamos volver a Haití.

    P. ¿Cómo cambió tu vida al darte los documentos?

    R. Mi vida ha cambiado mucho. Antes no podía pensar en un futuro sin documentos. Sin embargo, ahora hice varios cursos técnicos y estoy en la universidad estudiando psicología porque me gusta ayudar a la gente. Tengo muchos sueños. En un futuro quiero estudiar derecho para ayudar a otras personas de mi comunidad y viajar a Costa Rica. También quiero que el gobierno les entregue los documentos que les corresponden a cada una de las personas afectadas. Sé que hay limitaciones pero espero que Dios me ayude a seguir cumpliendo mis sueños.

    P. ¿Cómo ves la situación actual de la comunidad?

    R. Para mí la situación está peor. Pensé que con el logro de la sentencia de la Corte Inter- Americana todo cambiaría. Lamentablemente, no fue así y aún hay personas a las que se les está negando sus derechos. Muchas personas no pueden seguir con sus estudios. Tienen que repetir cursos por falta de documentos. No pueden trabajar, ni siquiera tener seguros médicos o declarar a sus hijos. Actualmente las personas están sufriendo por culpa de la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano ya que está afectando a muchas y muchas personas. De verdad, lo digo de todo corazón, yo espero que todo esto pueda ser resuelto y que se les entreguen sus documentos a las personas que aún no los tienen para que puedan cumplir sus sueños así como yo estoy cumpliendo los míos.

  • Al menos 10 millones de personas en todo el mundo no tienen nacionalidad; la mayoría por causas ajenas a su propia cuenta. Este hecho, conocido como “apátrida”, puede suceder debido a la discriminación, al nuevo trazado de fronteras o a lagunas en las leyes de nacionalidad. Sin una nacionalidad, una persona a menudo pierde los derechos básicos que todos los ciudadanos deben gozar: acceso a la educación y al mercado de trabajo, la capacidad de comprar y vender propiedades, abrir una cuenta bancaria, postularse para un cargo, o incluso a poseer un teléfono.

    En esta entrevista de audio, la abogada y líder comunitaria Rosa Iris Diendomi habla sobre las experiencias de la apatridia en la República Dominicana.